Acción contencioso-administrativa

Una “acción contencioso-administrativa” es un procedimiento judicial que tiene lugar ante los tribunales especializados en lo contencioso-administrativo. Se utiliza para impugnar las decisiones, actos u omisiones de las autoridades públicas, como administraciones, entidades locales o funcionarios, que afectan a los derechos e intereses de los ciudadanos.

Características de la acción contencioso-administrativa

Las características de una acción contencioso-administrativa incluyen:

1. Jurisdicción especializada: Se tramita ante tribunales especializados en lo contencioso-administrativo, distintos de los tribunales civiles o penales.
2. Impugnación de actos administrativos: Permite impugnar decisiones, actos u omisiones de autoridades públicas, como administraciones, entidades locales o funcionarios, que afecten a los derechos e intereses de los ciudadanos.
3. Control de legalidad: El tribunal revisa la legalidad de los actos administrativos impugnados, verificando su conformidad con la ley y la normativa aplicable.
4. Protección de derechos: Busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a acciones arbitrarias, ilegales o injustas de las autoridades administrativas.
5. Recursos y procedimientos específicos: Se establecen procedimientos y recursos específicos para la interposición y tramitación de las acciones contencioso-administrativas, que pueden variar según la jurisdicción y la normativa aplicable.
6. Sentencias ejecutables: Las sentencias dictadas en acciones contencioso-administrativas son ejecutables y vinculantes para las autoridades administrativas, que deben acatarlas y cumplirlas.

¿Cuáles son las materias de este procedimiento contencioso administrativo?

Las materias que pueden ser objeto de un procedimiento contencioso-administrativo incluyen una amplia gama de decisiones, actos u omisiones de las autoridades públicas. Algunos ejemplos comunes de materias que pueden ser impugnadas mediante este procedimiento son:

1. Licencias y permisos: Decisiones administrativas relacionadas con la concesión, denegación o revocación de licencias, autorizaciones o permisos, como licencias de construcción, ambientales o comerciales.
2. Actos administrativos: Decretos, resoluciones, disposiciones o actos administrativos emitidos por autoridades públicas, como organismos gubernamentales, municipios o entidades regulatorias.
3. Contratos administrativos: Celebración, ejecución o resolución de contratos entre la administración pública y particulares, como contratos de obras públicas, servicios, suministros o concesiones.
4. Expropiaciones: Procedimientos de expropiación de bienes o derechos de particulares por razones de utilidad pública o interés social, y la correspondiente indemnización.
5. Sanciones administrativas: Multas, sanciones disciplinarias o medidas coercitivas impuestas por las autoridades administrativas, como resultado de infracciones a la normativa vigente.
6. Reclamaciones patrimoniales: Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por daños y perjuicios causados a particulares como resultado de su actividad administrativa.
7. Recursos administrativos: Resoluciones dictadas en vía administrativa en respuesta a recursos administrativos previos, como recursos de reposición, alzada o queja.